Las mayores trabas puestas por algunas municipalidades a proyectos de inversión se han tornado un dolor de cabeza para las desarrolladoras de estos. La invalidación de permisos de edificación y comunidades que con mayor frecuencia recurren a tribunales, con el respaldo de autoridades, tienen en vilo a algunas iniciativas que, por razones de política urbana o presión ciudadana, se enfrentan al rechazo de los alcaldes.

En el último tiempo, las municipalidades se han vuelto una preocupación más para varias empresas desarrolladoras de proyectos en el país, que han visto que con mayor fuerza alcaldes traban diversos proyectos de construcción.

Aunque hay argumentos para defender cada postura, en algunas ciudades se han frenado iniciativas que suman unos US$1.100 millones, proyectos que razones de política urbana o presión ciudadana, hoy están en vilo. Invalidación de permisos de edificación otorgado por las direcciones de obras municipales y comunidades que con mayor frecuencia recurren a tribunales, con el respaldo de autoridades, presionan aún más la industria local que acarrea años de caída en la inversión.

Los casos son varios. El alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, invalidó la semana pasada el permiso de edificación del proyecto de inmobiliaria Nueva El Golf que sumaba casi cuatro meses paralizado, ubicado entre las calle Asturias, Renato Sánchez y Américo Vespucio, que consideró la construcción de dos torres de 19 y 12 pisos, con una inversión de US$100 millones. Semejanzas que se repiten en otra de las comunas donde se ha notado este desafiante escenario para las inmobiliarias. En Valparaíso, su alcalde Jorge Sharp puso en aprietos a dos proyectos: Parque Pumpin y Mirador Barón. En el primer caso, Sharp anuló el permiso de obras de la inmobiliaria Puerto Spa -ligada al empresario Nicolás Ibáñez-, lo que motivó a la empresa recurrir a la justicia para destrabar la iniciativa incluye 22 edificios de baja altura en 1,5 hectáreas de las 10 que posee el terreno del barrio O’Higgins, y que involucra una inversión de unos US$70 millones.

“El Banco Central ha señalado que durante el presente año la proyección de inversión se elevaría cerca de un 4%, bueno, ojalá que parte importante de ese incremento se lleve a cabo en Valparaíso, mientras sea una inversión que respete a las comunidades y sus territorios; que comparta sus beneficios con la ciudad y que ciertamente respete la ley. Todo aquel inversionista que cumpla con esas condiciones contará con la disposición de nuestra Alcaldía y serán bienvenidos a Valparaíso. La inversión privada tiene las puertas abiertas”, señala el alcalde de Valparaíso Jorge Sharp.

Vision de la industria

Las autoridades gremiales dicen que es deber de los titulares de los proyectos dar garantías a los municipios de que sus iniciativas de inversión cumplen a cabalidad con la normativa vigente, pero también están preocupadas por las decisiones directas de alcaldes y apuntan a la responsabilidad de los municipios de mantener planes reguladores actualizados, que definen dónde y en qué condiciones construir.

“Creemos que paralizar proyectos no es un logro para ningún municipio, sino que es el síntoma de un problema, como es la falta de planificación”, señala el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Sergio Torretti.

Comparte Vicente Domínguez, director ejecutivo de la Asociacion de Desarrollores Inmobiliarios (ADI). “Los municipios en su incapacidad de planificar adecuadamente la comuna, usan artificios para tratar de impedir el desarrollo inmobiliario” dice, y agrega que la incerteza jurídica finalmente “repercute en un aumento artificial de los costos y por ende, en los precios que paga el consumidor”. También dice que no es una buena señal que los alcaldes se tomen atribuciones que son de la Dirección de Obras Municipales.

Pero los proyectos inmobiliarios no son los únicos que se han enfrentado la resistencia de los municipios. Una intensa batalla se ha vivido entre la Municipalidad de San Bernardo y Walmart Chile por la construcción de su centro de distribución en esa comuna, que contempla una inversión de US$180 millones, disputa que está lejos de llegar a su fin. Al respecto, la alcaldesa de esa comuna, Nora Cuevas, es tajante: “Nosotros vamos a seguir hasta el final”. “No nos vamos a arriesgar a dar un permiso de edificación sobre bases tan poca sólidas como las que han sido presentadas por Walmart. No tenemos la más mínima certeza de como van a evadir tanta problemática vial”, añade.

A lo anterior se añade el incierto destino del ambicioso proyecto Alto Las Condes II que pretende desarrollar en Vitacura, Cencosud, ligada al empresario Horst Paulmann, que considera una inversión de más de US$500 millones. El proyecto no se ha podido construir ya que el municipio en 2015 caducó el permiso de obra otorgado en el 2000.

Proyectos como el Conjunto Armónico Portezuelo, de PyG Larraín, en el sector de Lo Curro, cuya inversión es de US$110 millones, y la iniciativa inmobiliaria que el empresario Hernán Besomi planea construir en cerro Alvarado, de US$175 millones, también han generado ruido en las autoridades municipales, así como también la estación terminal del proyecto Teleférico Bicentenario frente al Costanera Center, iniciativa que implicará una inversión cercana a los US$80 millones, y que se ha ganado el rechazo de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei.

Fuente Pulso