A inicios de mes, la Superintendencia de Pensiones (SP) lanzó una segunda consulta pública de una nueva normativa de régimen de inversiones que podría dinamizar las apuestas de las AFP en fondos de renta inmobiliaria, que actualmente son un boom en el mercado de fondos de inversión.

Esta propuesta normativa del regulador, que hasta ahora había pasado desapercibida a nivel masivo, es bien recibida por la Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión (Acafi), quienes explican más en detalle el cambio que se está impulsando.

«Con esta norma se da un tratamiento igualitario a la inversión directa que podrían hacer las AFP en bienes raíces versus hacerlo por fondos de inversiones. Ahora la inversión en renta inmobiliaria será considerada renta fija, pero como los fondos de inversión no pueden invertir directamente en inmuebles, sino que en sociedades, esta era la norma que faltaba para determinar cómo calcular esa inversión», detalla Luis Alberto Letelier, presidente de la Acafi, quien agrega que esta norma «debiera ser un buen impulso para que la industria siga creciendo».

El gremio de fondos está conforme con la norma, porque indican que la SP habría tomado en consideración sus comentarios.

Según detalla Letelier, la norma dice que el fondo de renta «tendrá que tener al menos el 95% invertido en acciones o deuda de sociedades cerradas, que, a su vez, tengan un 95% en contratos de leasing o en bienes raíces para la renta no habitacional», y destaca que hasta ahora «todo esto pertenecía al régimen de renta variable, es decir, este era un tipo de activo para invertir que competía con las acciones y con el private equity , por lo que había poco interés de las AFP en dejar de invertir en acciones -que rentaron a niveles récord en 2017 y son líquidas- para invertir en renta inmobiliaria. Esperamos que ahora esto ayude a potenciar esta última clase de activos».

La trascendencia de esta normativa, que estaría a pasos de concretarse, es que fondos de renta inmobiliaria que buscaban financiamiento para sus proyectos -como por ejemplo el Grupo Patio, que en su momento evaluó una posible apertura en bolsa- podrían tener un nuevo flujo de inversiones desde las AFP para poder continuar con sus desarrollos de este tipo.

Problemas con el Comité de Autorregulación

El Título VI de la Ley 21.000 que crea la CMF, indica que se tiene que establecer un Comité de Autorregulación Financiera (CAF), donde estén los intermediarios de valores de oferta pública, bolsas, administradoras generales de fondos, administradoras de carteras individuales, gremios, empresas de custodias o depósitos de valores.

Lejos de conformarse de manera representativa, gran parte del mercado financiero no ha querido apoyar esta iniciativa en la forma que lo establece la ley, pues expresan que esto se podría mejorar. En este grupo está la Acafi.

«Nos preocupa lo del CAF. Nosotros, los fondos mutuos y las bolsas presentamos cartas a la CMF indicando que intentábamos avanzar en la conformación de esta entidad, pero que nos topamos con muchas incertidumbres que impedían seguir avanzando: costos, labores y funciones», detalla Letelier.

El timonel del gremio añade que «es demasiado amplia la paleta de funciones que la ley le exige a este comité. Para cumplir en estas funciones, se requiere poner a cinco personas que no podrían desarrollar otras actividades, por lo tanto, de una alta calificación, y si tuvieran que fiscalizar, tienen que dotarlas de muchos recursos y un amplio staff de fiscalizadores, auditores y abogados. Eso implicaría un costo casi como armar una segunda CMF».

Fuente: Economía y Negocios

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